Se acercan las elecciones generales y se advierte que faltan ejemplos de transparencia entre quienes pugnan por representar a Tucumán en el Congreso de la Nación. Un informe publicado en LA GACETA revela que el 80% de los candidatos omitió la presentación de la declaración jurada de bienes, diligencia cuyo plazo venció el 15 de octubre. Consultados al respecto, los postulantes adujeron con variantes que ignoraban que estaban obligados a exponer sus patrimonios. Llama la atención esta respuesta: primero porque la ley se reputa conocida por todos; segundo porque está en vigor desde hace ocho años y tercero porque la disposición emana del propio organismo sometido a renovación.

La reticencia observada para cumplir esta clase de deberes vinculados a la integridad lamentablemente está arraigada en la provincia. Hay que recordar que esta jurisdicción no sólo no dispone de una Ley de Ética Pública acorde a los estándares internacionales vigentes en la Argentina, sino que sigue garantizando el secretismo de las declaraciones juradas de los funcionarios en virtud de una norma sancionada en 1973 que ningún gobierno desde entonces se atrevió a derogar y a modernizar. Tampoco hay una Ley de Acceso a la Información Pública, pese a las promesas de remediar ese vacío. El orden jurídico existente ha transformado al Estado en un territorio donado a la opacidad, que alienta la sospecha de una cultura de poder abusiva y tendiente a confundir lo público con lo privado.

A diferencia de lo que ocurre en la provincia, en la Nación las autoridades están obligadas a exponer sus bienes, deudas y conflictos de intereses desde hace dos décadas. Sin embargo, es bajo el acatamiento de esas normas por parte de los tucumanos que ocupan cargos en el Estado nacional, como lo corrobora no sólo la investigación que LA GACETA llevó adelante entre los 55 competidores de los comicios del 14 de este mes, sino también el análisis de la evolución patrimonial de los congresistas en ejercicio publicada en la edición del 28 de septiembre. No había datos respecto de seis de los nueve diputados que corresponden a la provincia.

Este fenómeno de incumplimientos y de indiferencia por valores críticos para la democracia admite dos enfoques. Por un lado, es evidente que el grueso de las autoridades no se siente observado por la población ni considera prioritario explicar de dónde provienen sus ingresos; cuáles son sus activos y pasivos, ni cuánto gasta. Sin duda esta relajación se sostiene en el hecho de que incumplir no genera sanciones.

Por otro lado se ve que, salvo casos excepcionales de sujeción a la ley como el de los candidatos del Frente de Izquierda y de los Trabajadores-Unidad, el desinterés por la exposición del patrimonio es transversal y cunde entre las fuerzas políticas que confrontan de una manera muy crispada. Oficialistas y opositores aparecen unidos en Tucumán por el mismo tipo de transgresión. Esa realidad pone en duda las mentadas diferencias que los distintos espacios sostienen y frustra las expectativas de modelos políticos distintos, que prioricen el sueño de una república austera con líderes que sirvan al pueblo, y al final de su carrera exhiban como mayor mérito sus renunciamientos y su decencia al modo de Manuel Belgrano y de José de San Martín. La sociedad clama por esa clase de ejemplos, los únicos capaces de embarcar a todos los sectores en la senda del bien común que tanto necesita la patria.